El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública presentó el Informe Anual 2024 sobre el estado de la implementación de la Educación Pública, en el que destaca los avances de la política pública, entrega recomendaciones y plantea la necesidad de seguir trabajando en áreas clave para garantizar una educación pública de calidad y equitativa en todo el país.
Durante 2024, el sistema de Educación Pública alcanzó 15 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en régimen y 21 en etapa de instalación, abarcando a más de 224 mil estudiantes y cerca de mil establecimientos educacionales.
El Consejo reafirma la importancia de continuar con la implementación de la Nueva Educación Pública, reconociendo tanto la complejidad de esta transformación como los avances sostenidos que ha experimentado el sistema desde su inicio. Se valora especialmente el compromiso de los equipos en terreno, cuya vocación ha permitido mejoras respecto de la administración municipal, especialmente en ámbitos como el foco pedagógico, el fortalecimiento de redes territoriales y la instalación de espacios participativos. Sin perjuicio de los desafíos persistentes, el Consejo advierte que postergar el traspaso en contextos críticos solo agrava la situación para las comunidades educativas, por lo que insiste en dar continuidad al proceso de instalación, con foco en garantizar condiciones adecuadas para una implementación efectiva de la Ley N° 21.040.
Entre las principales conclusiones del informe se encuentra:
- Desafíos del modelo de financiamiento: El informe advierte que la estructura de financiamiento de los SLEP combina lógicas del derecho público con esquemas subvencionales, lo que genera tensiones operativas, falta de flexibilidad y dificultades para responder a necesidades territoriales. El Consejo recomienda avanzar hacia un modelo de financiamiento coherente con el carácter público del sistema y sus funciones. Asimismo, sugiere avanzar hacia un esquema de financiamiento que simplifique y haga más sostenible el actual sistema de ingresos, en base a criterios objetivos permitiendo dar mayor estabilidad y predictibilidad al funcionamiento de los SLEP.
- Gobernanza y articulación institucional: El informe identifica debilidades en la colaboración entre los distintos actores del sistema educativo, como la Dirección de Educación Pública (DEP), las DEPROV, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y los propios SLEP. Se observa que estas relaciones dependen mayoritariamente de voluntades personales, más que de una arquitectura institucional robusta. Frente a ello, el Consejo recomienda fortalecer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) a nivel regional, como un espacio clave de articulación y gobernanza territorial del sistema público de educación.
- Capacidad institucional de la DEP: El Consejo indica que la Dirección de Educación Pública presenta una capacidad limitada para cumplir su rol de conducción del sistema, dado su diseño actual, la carga administrativa que enfrenta y la falta de crecimiento proporcional a la expansión del Sistema. Esta situación ha restringido su capacidad de acompañamiento técnico a los SLEP, especialmente a aquellos que ya se encuentran en régimen. Para garantizar condiciones en el crecimiento progresivo del sistema, se recomienda fortalecer su capacidad técnica y operativa, así como revisar sus funciones.
- Mayor regulación en los traspasos desde sostenedores municipales: El Consejo recomienda fortalecer la regulación y supervisión de los procesos de traspaso, estableciendo convenios de transición obligatorios, con información actualizada y sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, plantea que la responsabilidad de los municipios debe extenderse más allá del traspaso, incluyendo rendición de cuentas retroactiva. También propone regular los rangos salariales según función y contexto, para evitar malas prácticas como alzas injustificadas previas al traspaso.
- Madurez y diferenciación entre SLEP: El Consejo destaca la necesidad de reconocer que los SLEP no se encuentran en un mismo nivel de desarrollo institucional. Esta heterogeneidad exige, a nivel de la institucionalidad del Estado, políticas diferenciadas de acompañamiento, supervisión y evaluación que se ajusten al momento que vive cada servicio. De lo contrario, se corre el riesgo de imponer exigencias descontextualizadas que no favorecen el fortalecimiento del sistema.
El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública tiene por objeto asesorar al Presidente de la República sobre los avances y desafíos que conlleva el proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública. Está integrado por seis profesionales de reconocida experiencia en las áreas de políticas públicas, educación y administración municipal o del Estado: Aldo Cassinelli, María Teresa Flórez, Omar Jara, Gonzalo Muñoz, Fernando Peña y Daniel Rodríguez.
Revisa el informe completo aquí.