Columna del director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, publicada en Cooperativa.cl
La consolidación de la Nueva Educación Pública no es el resultado de una decisión aislada ni de una coyuntura favorable. Es la expresión acumulada de un esfuerzo persistente que ocurre, día a día, en las salas cuna, jardines, escuelas y liceos del país. Detrás de cada indicador hay comunidades educativas completas -familias, docentes, asistentes y equipos directivos- que sostienen el aprendizaje en contextos muchas veces complejos y que han asumido, en la práctica, la tarea de hacer operativa una política de Estado.
A ocho años de la promulgación de la Ley 21.040, la reforma ha dejado de ser un diseño normativo para convertirse en un sistema en funcionamiento. Con 36 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en régimen, más de la mitad de la estructura proyectada hacia 2030 administra directamente el servicio educativo. Esta magnitud no solo permite evaluar procesos de instalación, sino también observar cómo se articulan -o tensionan- las decisiones pedagógicas, administrativas y financieras que inciden directamente en la experiencia escolar.
La Nueva Educación Pública se construye a partir de una premisa clara: proteger el núcleo pedagógico y crear condiciones de gestión que permitan que el aprendizaje ocurra de manera continua y con estándares comunes en todo el territorio. Desde esta perspectiva, el análisis del sistema no puede reducirse a resultados aislados, sino que debe considerar el conjunto de dimensiones que hacen posible su funcionamiento cotidiano. Bajo ese marco, a continuación, se presenta la situación del sistema organizada en diez dimensiones de gestión.
- Gestión pedagógica: el sistema registra variaciones en los resultados de aprendizaje según los datos del Simce 2024, donde los puntajes de Matemática en enseñanza básica aumentaron en 20 puntos promedio y en enseñanza media en 13 puntos. En las pruebas PAES de 2025 y 2026, los servicios en régimen obtuvieron incrementos promedio de +6,6 puntos en Matemática 1 y +9 puntos en Competencia Lectora. Para el acompañamiento de estos procesos, el sistema dispone de 520 profesionales en las Unidades de Apoyo Técnico-Pedagógico (UATP)
- Convivencia y trayectorias educativas: la asistencia escolar muestra una recuperación, con el 73% de los SLEP registrando mejoras respecto del año 2024. En cuanto a la desvinculación escolar, la tasa en los territorios bajo esta administración descendió del 2,0% en 2022 al 1,6% en 2024, lo que representa la cifra más baja del registro histórico del sistema. Además, el 92% de los servicios locales presenta tasas de desvinculación menores a las de hace dos años
- Infraestructura y equipamiento: entre 2022 y el tercer trimestre de 2025, el Estado movilizó $421 mil millones para el financiamiento de 1.358 proyectos de infraestructura a nivel nacional. La gestión integra el trabajo del Ministerio de Educación, la Dirección de Arquitectura del MOP, los gobiernos regionales y Desarrollo País. Destaca la reposición del Colegio Insular Robinson Crusoe
- Proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública: la dirección de Educación Pública utiliza una matriz de instalación con siete dimensiones y 32 estándares verificables para determinar el traspaso del servicio educativo. Se establecieron factores de cumplimiento obligatorio, denominados «higiénicos», que incluyen la operatividad de sistemas de pago, plataformas de gestión y la designación de directivos antes del inicio de funciones
- Evaluación y mejora continua: el sistema se somete a revisiones del Consejo Evaluador, la Universidad de Chile, comités internacionales y la Contraloría General de la República. Estos procesos permitieron el avance del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040, el cual fue despachado a tercer trámite legislativo en enero de 2026. La propuesta legal incorpora la obligatoriedad del plan de transición municipal y la extensión del período de instalación a dos años
- Liderazgo y conducción institucional: según la encuesta realizada por la Universidad Diego Portales, el 77% de los directivos define la reforma como una transformación pedagógica. El compromiso personal con la educación pública entre los líderes educativos aumentó del 57% en 2022 al 65,4% en 2025. Por su parte, el 54,4% de los directores reporta un aumento en el apoyo técnico-pedagógico recibido desde el sostenedor
- Participación y gobernanza local: durante 2025 se constituyeron 11 Comités Directivos Locales para los servicios con traspaso programado en 2028. En el mismo período se realizaron elecciones para 17 Consejos Locales, con la participación de 70 mil personas. En la formulación de los planes estratégicos de los SLEP Andalién Costa y Los Libertadores participaron 15 mil personas
- Gestión administrativa y financiera: se implementó un sistema de monitoreo financiero para los gastos en personal y bienes de consumo en los 26 servicios en régimen. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) digitalizó sus procesos de evaluación. Asimismo, se consolidó el Fondo de Infraestructura y Gestión Administrativa (FIGA) como instrumento para cubrir brechas operativas y obligaciones heredadas de la administración municipal
- Gestión de personas y desarrollo de capacidades: la planificación de la dotación para 2026 se realizó bajo criterios de cobertura curricular y cumplimiento de los planes de estudio. En cuanto a la carrera profesional, el porcentaje de docentes en los tramos Avanzado, Experto I o Experto II pasó del 39% en 2018 al 63% en 2024 en los servicios en régimen
- Tecnología y transformación digital: en 2025 se elaboró la Estrategia Nacional de Tecnología y se puso en marcha la plataforma IDEA (Inteligencia de Datos, Evidencia y Analítica) para el monitoreo de indicadores educativos. El sistema incorporó el portal «Docentes para Chile» para la gestión de ofertas laborales y un Manual de Procedimientos de Remuneraciones para la estandarización de pagos.
La experiencia acumulada muestra que la Nueva Educación Pública no avanza de manera lineal ni exenta de dificultades. Su consolidación depende de que las dimensiones de gestión operen de forma coherente y articulada, evitando que las tensiones administrativas o financieras desplacen el foco central del sistema.
La responsabilidad institucional, en esta etapa, no es solo sostener lo construido, sino profundizarlo con aprendizaje y realismo. Ello implica asegurar que los soportes pedagógicos, de convivencia, administrativos y financieros estén efectivamente al servicio de lo que ocurre en el aula y no al revés. El horizonte sigue siendo el mismo que dio origen a la reforma: romper la relación entre el origen de un estudiante y la calidad de su formación, y garantizar que la educación pública funcione como un derecho efectivo y no como una promesa declarativa.